Perseguidos ¿políticos?
ECOS DEL SILENCIO
E. Antonio Hernández Peralta
Es moneda corriente en estos días que ex funcionarios priístas y panistas y uno que otro empresario ideológicamente desorientado se hagan llamar perseguidos políticos de actual gobierno federal aunque los expedientes judiciales hablan de delincuencia organizada, corrupción, abuso de poder, defraudación fiscal, lavado de dinero, desvío de recursos, entre otras lindezas que detallan a la perfección el peso de dichas acusaciones.
México tiene una larga historia y tradición de acoger a verdaderos perseguidos políticos como Trosky, Luis Buñuel, los exiliados de la República española, la viuda de Salvador Allende, y más recientemente, Evo Morales.
Pero también dentro de nuestro país se pueden documentar varios casos de persecución gubernamental contra diversos dirigentes y luchadores sociales, tan famosos como José Revueltas, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Luis González de Alba, Marcelino Perelló, Félix Hernández Gamundi, Rubén Jaramillo, y un larguísimo etcétera; que por expresar de manera abierta sus ideales de lucha fueron, incluso, masacrados.
La cantaleta de los damnificados del periodo neoliberal es que se equiparan con esos grandes luchadores sociales que tuvieron, como la espada de Damocles, toda la fuerza del régimen y del Estado en su contra, al autodenominarse como perseguidos por la administración del presidente López Obrador.
Pero como ya se aclaró líneas atrás, los cargos son criminales y no políticos.
La persecución política es la acción del Estado de controlar a ciudadanos, generalmente opositores, con el propósito de restringir su capacidad de tomar parte en la vida política; la acción es reprimir, detener o castigar, por lo general con el uso de la violencia, la represión política niega e impide el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y limita los de expresión, reunión, asociación, y sobre todo pone en riesgo la seguridad física del perseguido.
Ahora, ¿qué tiene que ver con toda esta gente como el gobernador de Tamaulipas, Felipe Calderón, los ex gobernadores Duarte de Chihuahua y Veracruz, y otros, el que en la circunstancia actual mexicana conocidos políticos sinvergüenzas y delincuentes mexicanos de los sexenios pasados y el actual se pretendan asumir en igualdad de situación de persecución política? Absolutamente nada:
El empresario Alonso Ancira fue acusado de delitos que afectaron el patrimonio del país por más de 200 millones de dólares, después de fugarse a España y ser detenido ahí, se asumió como perseguido político para intentar evadir la justicia mexicana. No le resultó la farsa y fue extraditado y obligado a devolver el dinero para recuperar su libertad.
Los ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz, Duarte los dos, priístas los dos, ambos acusados de saquear las arcas de sus estados, fugados, uno ya detenido y encarcelado y el otro en proceso de extradición, con la novedad que se dicen, adivine usted, sí: perseguidos políticos.
Por cierto la esposa de Javier Duarte, que será extraditada próximamente, Karime Macías, la esquizofrénica que escribía planas diciendo que merecía la riqueza que se robaba, también dice que es perseguida política.
El actual gobernador panista de Tamaulipas Cabeza de Vaca que fue ya desaforado por el Congreso para que responda ante las acusaciones por defraudación fiscal y narcotráfico, se dice perseguido político… Y los panistas lo acuerpan y dicen que sí lo es.
Y la cereza del pastel, el ex presidente Calderón, que sale en televisión y medios en entrevistas a modo a decir que es perseguido político; parece presentir que pronto caerá en manos de la justicia.
El uso del lenguaje para decir cosas que no son y así hacer crecer la fantasía en que viven estos ex funcionarios que hoy se ven acorralados por las leyes, es la única forma que han encontrado para no responsabilizarse de los daños que causaron a su paso por sus posiciones de gobierno y por el generalizado saqueo que hicieron del presupuesto público. Resulta muy cínico su discurso pero no podemos esperar nada más de ellos, sería ingenuo pensar que reconocerán sus trapacerías al amparo del poder.
Es necesario que sean investigados y detenidos, intentar que devuelvan lo robado y dejarlos en el basurero de la historia.
Los 36 años de neoliberalismo fueron la farsa que desangró al país a través del engaño y el atraco desmedido, estos farsantes que se dicen perseguidos deben ser juzgados, con tan solo apelar a la moral pública.
No son perseguidos políticos, ¡son delincuentes!