Lo costoso del regreso presencial
EL LADO FLACO
Manuel Nava
La magnitud y efectividad del gasto en inversión física escolar son imprescindibles, particularmente cuando hablamos de un regreso presencial a las aulas. Las carencias del Sistema Educativo Nacional son más visibles en la educación básica. En el país hay 198 mil 192 escuelas públicas en este nivel. Con respecto a los servicios básicos, 27 por ciento de ellas no cuentan con servicio de agua potable, 31.6 no cuenta con lavabos de manos, 14.9 no tiene electricidad y 17.3 no tiene sanitarios independientes. Como se ve, y acaso más si se toma en cuenta que durante el cierre escuelas de educación primaria en varios estados fueron vandalizadas.
El gasto total en infraestructura educativa se ha reducido dramáticamente a partir de 2013. Cayó 54 por ciento en ocho años. Tan sólo de 2013 a 2014 el gasto ejercido cayó 21 por ciento, y desde entonces no ha habido incrementos que logren recuperar los niveles de gasto.
El panorama inmediato lo empeora todo: para 2021 se aprobó un gasto en este rubro de 15.4 mil millones de pesos (mmdp), 12 por ciento menos que el ejercido en 2020.
La caída en el presupuesto de esta Secretaría fue de tal magnitud, que pasó de representar el 5 por ciento del presupuesto total en inversión educativa en 2012 a abarcar apenas el 4 por ciento en 2021. Parte de estos recortes se deben a la desaparición de programas presupuestarios y a la extinción del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, como parte de la Reforma Educativa de 2019.
Los recortes del gasto en infraestructura educativa son provocados por reducciones en la inversión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente la que se realiza en la infraestructura de educación básica (recordemos de cada 10 alumnos que asisten a escuelas públicas siete se encuentran cursando algún nivel de la educación básica).
EL LADO FLACO es que:
Existen aún tres programas de subsidios directos con objetivos relacionados a la mejora de la infraestructura educativa; sin embargo, no se registran en el rubro de inversión física. Se trata de un gobierno con la creatividad contable suficiente como para registrar como inversión física el gasto del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares de la Secretaría de Economía, un programa que entrega subsidios vía gasto corriente, que no tienen como objetivo el desarrollo de infraestructura, pero en este caso no registra como tales programas que sí tienen esa meta.
Hablamos del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el Programa Nacional de Reconstrucción y La Escuela es Nuestra. El primero impulsa proyectos de autoconstrucción en planteles de educación superior. El segundo, acciones de infraestructura física educativa en los municipios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, pero perdió casi todo su presupuesto en el PEF 2021.
El último se fija los objetivos de impulsar la infraestructura educativa a través de la entrega de subsidios a los padres y madres de familia de planteles escolares en zonas marginadas; o sea, los recursos son ejercidos fuera de la Tesofe. Puede que ahí esté la pista de que no se clasifiquen como gasto de inversión física.
El hecho es que el programa inició operaciones en 2019 con un presupuesto de 2.7 mmdp. En 2020 su presupuesto se incrementó 170 por ciento, y para este año se previó un aumento de 64 por ciento, por lo que el programa podría ejercer 12.2 mmdp.
El presupuesto deja en el aire los recursos para las Escuelas de Tiempo Completo.