La consulta, sí va

ECOS DEL SILENCIO

E. Antonio Hernández Peralta

A menos de un mes para que se efectúe la consulta ciudadana que busca juzgar a funcionarios políticos del pasado, se exacerban las voces opositoras (¿de quiénes más podrían ser?) para provocar que esta fracase, promoviendo que la ciudadanía no participe.

Seguir intentando tratar como niños y niñas, castrar su derecho y obligación de votar a los ciudadanos mexicanos, es una muestra más de la calaña y antidemocracia que prefieren los opositores a López Obrador que se desarrolle el país.

En México en 2019 se modificó el artículo 35 constitucional para reconocer el derecho de la ciudadanía a votar en las consultas populares y decidir sobre diferentes temas; se acotó lo que no puede ser votado: los derechos humanos, la política fiscal, la materia electoral y otros más. Ante una propuesta del presidente López Obrador, 2 millones y medio de personas votamos para que esta se hiciera, cubriendo así el requisito de ley de que por lo menos el 2% del padrón electoral lo solicitara. En octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),por mayoría de votos declaró como constitucional la consulta sobre si se debía juzgar o no a los expresidentes y modificó la propuesta original de la pregunta, cuya respuesta deberá ser un SÍ o un NO: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¿Qué hay más democrático que el proceso seguido para llegar a esta consulta del próximo 1° de agosto? ¿Quiénes tienen miedo y están peleados con que haya más democracia en México?

Más preguntas: ¿Qué tienen en común la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea en 1972; el retiro (Brexit) de este mismo Reino Unido a esa pertenencia en la Unión Europea en 2016; la decisión en los años ochenta en California para disminuir los impuestos en el estado; la permanencia de Quebec como parte de Canadá en 1995; la medida de aumentar los impuestos en el mismo estado de California en 2016; la decisión de Suiza de cancelar su ley climática, la de prohibir utilizar la burka (cubrirse la cara públicamente) y la de frenar la homofobia; la permanencia de Escocia en el Reino Unido en 2014?  El común denominador es que todas estas decisiones no han sido impuestas por un gobierno sino el resultado de las consultas ciudadanas o referéndum.

Hay un argumento facilón, rondando en las voces rivales al proyecto de la 4T y al presidente López Obrador, que dice que no se requiere consulta para juzgar a los ex presidentes y otros ex funcionarios dado que existen las leyes correspondientes al respecto. No es lo mismo ley que justicia, como ya argumenté en otro artículo (“La justicia no tiene por qué ser legal”). Esta tesis a modo, olvida las reglas no escritas de la impunidad y de las complicidades hipócritas de la élite del poder; por décadas cubrieron sus delitos de gobierno a gobierno, ocultaron y desaparecieron información, se protegieron con jueces a la medida, corrompieron todo lo que pudieron corromper y saquearon la riqueza del país; son rateros, criminales y corruptos, pero no tan tontos como para dejar desperdigadas las pruebas de sus fechorías.

Por eso es que se requiere una decisión de la sociedad que por lo menos les sancione socialmente.

Si en verdad se quiere romper ese acuerdo de impunidad del que se sirven parte de las élites mexicanas, debe hacerse tanto por la vía jurídica  que implique un castigo formal como por uno representativo/simbólico que socialmente marque un alto colectivo a esa forma de agraviar al país que han tenido los políticos. La consulta del 1° de agosto va en este último sentido. Aunque no es formalmente una consulta que busca enjuiciar  a los ex presidentes sino a cualquier funcionario del pasado, el imaginario social sabe que son Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto los verdaderos destinatarios; entre ellos acumulan fraudes electorales, crímenes, matanzas, enriquecimientos ilícitos propios y de sus familiares y amigos, contrataciones de una deuda pública escandalosa que tiene empeñado el presupuesto por muchos años y relaciones con el narcotráfico que sería bueno deslindar para que por lo menos las nuevas generaciones sean conscientes de que muchos de los problemas del país tienen nombre y apellido en estos vergonzantes ex presidentes y sus partidos.

Esta consulta no es un acto que apela al pasado, apela al futuro que queremos.

Decía Octavio Paz: “Sin democracia la libertad es una quimera”. Que sean los ciudadanos quienes resuelvan y no una vez más partidos y empresarios miedosos del juicio y escarnio público. La consulta generará una  catarsis para renovar el sentido de justicia y legalidad en México, para manifestar abiertamente el conflicto del pasado con el del futuro al que aspiramos legítimamente y abrir las posibilidades de un diálogo entre víctimas y victimarios; que no sean unos cuantos quienes lo decidan, que seamos unos muchos.

Pero ante las trampas, reticiencias  y obstáculos presentados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para no llevarla a cabo, la respuesta que debemos dar es salir a votar, el número que se alcance deberá servir para demostrar que mayoritariamente, los ciudadanos sin correa, votaremos por el SÍ, que sea un acto de moral y ética pública aunque pudiera no tener consecuencia vinculante directa , pero sí por lo menos para que se convierta en la guía en el modelo de conducta que sí estamos dispuestos a aceptar por parte de los políticos. Nunca se debe olvidar que esta consulta no es un acto emocional sino un acto sustentado en la realidad de los hechos: los asesinatos, saqueo, corrupción, fraude electoral y muchos otros delitos existieron.

El INE desde antes que inicie el proceso ya lo ha boicoteado, por lo que los antidemócratas, antipatriotas están de plácemes y buscan impulsar más artilugios para impedir que se haga una realidad.

A esto nos enfrentamos, a esto hay que responder con el acto cívico más importante en manos de los ciudadanos, salir a votar masivamente para que el mensaje llegué con claridad a esos destinatarios.