Inicia audiencia pública en la Coidh sobre el caso Digna Ochoa; familiares demandan justicia y castigo
Redacción
Este lunes comenzó la audiencia pública del caso Familiares de Digna Ochoa contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), a casi 20 años del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos y a 10 de que la justicia mexicana concluyó en el no ejercicio de la acción penal.
La familia junto con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social en coordinación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional buscan demostrar que el Estado mexicano no realizó la debida investigación para conocer la verdad de los hechos.
Los jueces de la CoIDH cuestionaron a uno de los principales agentes del Ministerio Público participantes en las indagatorias de la muerte de la defensora Digna Ochoa y Plácido sobre los elementos que llevaron a concluir que la activista se suicidó.
En la audiencia, la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Jesús Ochoa, hermano de la víctima, sostuvieron que la abogada no se suicidó, sino que se trató de un homicidio “ruin, cruel y cobarde”, planteó el segundo, quien demandó justicia, castigo a los responsables materiales e intelectuales y reparación del daño.
La audiencia de la Coidh se realiza como parte el 141 Periodo de Sesiones Ordinario, y de manera virtual desde Costa Rica, sede del organismo internacional.
Durante la audiencia del caso, los jueces manifestaron su extrañamiento ante las falencias de la investigación, porque sólo se consideraron como contexto las amenazas y secuestro que sufrió la defensora de derechos humanos antes del acto donde perdió la vida (el 19 de octubre de 2001), las deficiencias para el adecuado manejo de la escena y el cadáver, entre otros.
El periódico La Jornada informó que como parte de los testigos citados por la representación del Estado mexicano, participó en la audiencia José Antonio Pérez Bravo, quien estuvo al frente de parte de las indagatorias que llevó la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, cuya conclusión fue que Ochoa y Plácido se suicidó, a pesar de que se registraron tres disparos, uno de ellos que impactó en su pierna y otro en su cabeza.
La abogada y defensora de los derechos humanos coadyuvó en los casos de las masacres de Aguas Blancas y El Charco, así como en la defensa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que eran los que atendía en el tiempo en que fue encontrada muerta.