Exige la Redim al Estado mexicano atender a niños reclutados por la Crac-PF en La Montaña baja

Redacción

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), exigió al Estado mexicano una respuesta “inmediata y articulada” con el fin de atender a los niños reclutados para la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (Crac-PF), en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, en La Montaña baja.

La participación directa de menores de edad en actos de vigilancia de estas unidades “configura delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”, aseveró la organización civil.

En un posicionamiento en torno al anuncio hecho por la CRAC-PF el sábado de que integró a sus filas a 31 niños de entre seis y 11 años de edad, la Redim expresó su preocupación por el uso de armas por los menores y recordó que anteriormente ya había llevado el caso de este reclutamiento infantil ante instancias internacionales.

Remarcó que el 6 de marzo del año pasado, durante la audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se documentaron las graves violaciones a los derechos humanos de los infantes víctimas de la violencia armada en México, entre ellas el reclutamiento forzado y las desapariciones.

“Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”, señaló la ONG.

La Redim señaló que desde enero de 2020 ha alertado que la presentación de niños y adolescentes como parte de la Policía Comunitaria “se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes del crimen organizado que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con grupos delincuenciales de la zona, asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la sierra de Guerrero”.

Enfatizó que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales también han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en el estado de Guerrero por grupos criminales, quienes cuentan con campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

Recordó que el Poder Legislativo tiene pendiente la armonización de leyes para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de menores de edad, tal como lo han solicitado en reiteradas recomendaciones de organismos internacionales y la propia Redim.