El disfraz de la justicia social
EL LADO FLACO
Manuel Nava
El envejecimiento de la población es un fenómeno social caracterizado por el aumento en el porcentaje de personas mayores de 60 años y en la esperanza de vida. El aumento del número de personas mayores está creando una revolución demográfica global en la cual México no es la excepción.
El aumento de la proporción de personas mayores es cada vez más significativo e implica nuevos retos. Aquellas personas cuya vida laboral ha concluido merecen una etapa con condiciones dignas de vida. Es un acto elemental de justicia social.
El sistema global ha generado una desigualdad económica y se consideran vulnerables a los sectores o grupos de la población que por edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo, lo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
El régimen de asistencia social universal es aquel que complementa la seguridad social al proteger a las personas en circunstancias adversas o que no tienen prestaciones sociales, tales como las personas de la tercera edad cuando se encuentran desamparadas
El derecho a la pensión universal ciudadana significa que todos los ciudadanos de determinada edad reciben una pensión hayan o no trabajado en el sector formal de la economía, o bien realizado aportaciones a un fondo de pensiones.
Sin embargo, para garantizar la viabilidad y la durabilidad de las acciones de justicia social es fundamental atender a los recursos de que se disponen para bordar en el vacío
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la pensión para los adultos mayores aumentará y se entregará a partir de los 65 y no de los 68 años, lo que implicará 2.5 millones más de beneficiados.
A simple vista se trata de una medida plausible y que permitiría corregir las desigualdades generadas a lo largo de décadas en la sociedad mexicana.
EL LADO FLACO aparece a la hora de hacerla realidad.
- El paquete de beneficios tendrá un costo de 370 mil millones de pesos por año, a partir del año 2024 para alrededor de 10.3 millones de adultos mayores. Los aumentos serán graduales y anuales, con cargo al erario federal.
- En consecuencia, el presupuesto gubernamental anual pasará de 135 mil millones de pesos al cierre de este año 2021, a 240 mil millones de pesos en 2022, 300 mil millones de pesos en 2023 y 370 mil millones de pesos en 2024.
- El aumento a los montos que recibirán los pensionados bajo el sistema de pensión universal, comenzará en julio de este año, con un alza de 15 por ciento.
- Luego se harán ajustes de 20 por ciento en enero de 2022, 2023 y, finalmente, de 2024, hasta que la pensión alcance los 6 mil pesos bimestrales.
- En este 2021 se gastará cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar el sistema de pensiones en el país y para el 2024 la cifra ascenderá a 6.5 por ciento.
- Y será un lastre adicional al que ya de por sí representan los sistemas de pensiones para las finanzas públicas. Con el aumento a la pensión universal, al llegar a 6 mil pesos bimestrales costará 370 mil millones por año (245 mil millones de pesos más) en el presupuesto de 2021.
- Los 370 mil millones de pesos son 40 por ciento de la presión fiscal del resto de las pensiones en el Presupuesto de 2021.
- El incremento en la cobertura y en el monto ejercerán más presión a las finanzas públicas, lo que reducirá el espacio fiscal para financiar otras políticas públicas como la salud y la educación.
- El alza de las pensiones a los adultos mayores sí puede ser un riesgo sistémico para el país si no se consigue una fuente de ingresos pronto.
- La otra lectura es que en realidad sea una medida de carácter electorero y no el pretendido acto de justicia social.
- El anuncio presidencial va en el sentido correcto de reducir la desigualdad, pero lo que también es evidente es que tiene un perfil político electoral al no considerar el costo en las finanzas gubernamentales.