Detectan irregularidades por más de 82 mdp en la administración de Evodio Velázquez
Redacción
Irregularidades por más de 82 millones de pesos detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) al ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno perredista de Evodio Velázquez Aguirre, Mariano Hansel Patricio Abarca, denunció el contralor municipal Francisco Torres Valdés.
Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASE emitió diversos pliegos de observaciones en contra del ex titular de Finanzas en Acapulco, Mariano Hansel Patricio Abarca, en el mes de febrero del año 2018.
Explicó que la primera anomalía fue por no manejar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la Cuenta Pública 2017, en una cuenta exclusiva y fueron depositados recursos propios del municipio, lo que se traduce a que el manejo de los recursos se dio en cuentas contables que no estaban debidamente controladas, actualizadas, ni identificadas. De ahí que no fueron registrados 20 millones 218 mil 577. 53 pesos.
La ASE señaló que existe una omisión de respaldo con documentación comprobatoria fehaciente de 30 mil pesos por el arrendamiento de una bodega para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues únicamente se presentó un recibo simple firmado por el arrendador.
También se detectó que el municipio retuvo a sus trabajadores por concepto de pago de terceros institucionales, correspondiente a servicios de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cantidad de nueve millones 420 mil 720.26 pesos.
De igual forma en la Cuenta Pública 2017 el municipio retuvo 38 millones 597 mil 552.85 pesos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), sin que se comprobara con alguna evidencia.
El contralor municipal detalló que en la revisión de la Cuenta Pública 2017 que hizo la Auditoría Superior del Estado, el municipio no presentó el contrato o pedido que ampare el gasto de tres expedientes pagados con recursos de participaciones federales a municipios por un monto superior a los 500 mil pesos.