Cuestionan postulación de Héctor Vicario Castrejón; está inhabilitado a ocupar puestos públicos por 10 años

Redacción

 A pesar de estar inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años, tras una sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por desvío de recursos, el priísta Héctor Vicario Castrejón pretende buscar un puesto político más.

Durante la pasada Legislatura de Guerrero, fue coordinador de su fracción parlamentaria, por lo que Gabriela Carmona Astudillo cuestiona su pretensión de aspirar a otro cargo público contrariando nuevamente la sanción de la SFP:

“Vaya con el IEPC y su complicidad política en Guerrero.

Él no puede ser candidato a diputado local por el PRI – PRD por la sencilla razón de que está inhabilitado por un periodo de 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), le comprobó irregularidades en la compra de predios para edificar casas a los damnificados por las fuertes lluvias de las tormentas tropicales de “Ingrid” y “Manuel” en septiembre del 2013.

Vicario Castrejón  se desempeñaba como  delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Guerrero cuando se registró ese desvío de recursos, la decisión de su inhabilitación se dio a conocer en agosto del 2017.

¿O sea? Parece que el IEPC quiere dejar pasar ese pequeño detalle, los 10 años no se cumplen aún así qué es otro que debe ser bajado de la contienda y empiecen a respetar la Ley”, escribió en su cuenta de Facebook, la periodista Gabriela Carmona.

Cómo describe está persona, Vicario Castrejón, fue sancionado por desviar recursos públicos destinados para la construcción u reconstrucción de viviendas para damnificados por los meteoros de 2013.

Aún así, el PRI lo postuló para ser candidato a diputado local, y después lo nombró coordinador de sus diputados. El PRI minimizó las críticas al declarar que mientras no hubiera una sanción penal, Vicario Castrejón podría seguir accediendo a cargos públicos.

A nivel federal hay un caso similar, con la diferencia de que sí existe una vinculación a proceso penal contra la actual candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, sin que el INE le retire la candidatura, dado que en la legislación electoral se define que ninguna persona puede ser candidato mientras este sujeto a denuncias y procesos, tanto administrativos como penales.