Minera de Larrea causó el peor desastre ambiental de México. Y qué. Sigue impune
Redacción
Desde enero de 2020 la Suprema Corte de Justicia determinó que fue ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora por parte de Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a siete años del derrame de tóxicos mineros y a más de un año de la resolución, ese amparo sigue sin traducirse en plantas potabilizadoras y una clínica médica para los afectados.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– El derrame de tóxicos de una mina de Grupo México sobre los ríos Sonora y Bacanuchi arrebató desde hace siete años a las comunidades aledañas tanto su salud como el agua que consumen, así como su producción agrícola y ganadera, acusan los Comités de Cuenca Río Sonora.
“Hoy más que nunca sabemos que el valor de una minera, de una trasnacional, de un megaproyecto nunca superará el valor de tener agua limpia y salud para nuestras familias”, determinaron en un comunicado donde exigen sanciones y castigo a la minera Buenavista del Cobre, propiedad del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea Mota Velasco (27 mil 110 mdd, Forbes).
El 13 de febrero de 2017, a sólo tres años del peor desastre ambiental minero en la historia del país, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa cerraron unilateralmente el Fideicomiso Río Sonora sin cumplir el compromiso de construir 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud, por lo que los habitantes de los siete municipios afectados aún cargan con el costo de las enfermedades, de los medicamentos y de los garrafones por las altas cantidades de arsénico y plomo en el agua, reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en noviembre pasado.
Los Comités de Cuenca Río Sonora interpusieron un amparo (640/2019) atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2019, para reclamar que el Fideicomiso fue extinto sin la opinión de las personas afectadas. La Corte falló a su favor en enero de 2020 al declarar que fue ilegal el cierre de este fondo, pero a más de un año de la resolución no ha tenido ninguna consecuencia, aseguraron los afectados.
“El amparo se fue a la generalidad y no se ha traducido en absolutamente nada. No se han establecido las medidas para resarcir los daños como la clínica de salud y las plantas potabilizadoras”, aseguró Martha Patricia, habitante de Baviácora, quien ha enfermado por la presencia de plomo en su sangre. Lleva dos años sin atención médica tras el cierre de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS) en Ures.
Desde el 2 de agosto de 2019, ella interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con folio 2019/70906 por la violación a su derecho a la salud y a la vida. Apenas el 22 de abril de este año recibió de la Sexta Visitaduría General un carpetazo como respuesta al argumentarle que el fallo de la Corte se traduciría en la reapertura de UVEAS, lo cual no ha sucedido.
“Si las autoridades pasadas actuaron por corrupción, estas están actuando con una total simulación. Teníamos esperanzas con el cambio de Gobierno, pero ya se nos están muriendo porque transcurrió el tiempo en demasía. Hacen como que hacen y hasta este momento no nos han dado una respuesta concreta. ¡Si no es cualquier cosa!”, acusó.
Tras la resolución del amparo, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), representantes de la mina y afectados tuvieron una reunión informativa en Ures en mayo del 2020. Después, el 4 de julio pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores presentaron un Plan Integral de Atención a Cananea, incluyendo un diagnóstico ambiental sobre los ríos contaminados, cuyo plazo para su presentación concluye el 4 de octubre.
Pero el productor agrícola y ganadero José Manuel dijo que no hay avances porque se siguen tirando la responsabilidad entre la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Se llevaron nuestro sentir y peticiones, pero hasta la fecha todo sigue en promesa; no ha habido una acción o plan a siete años de la tragedia”, dijo vía telefónica desde Baviácora, luego de acomodar a sus vacas en el corral. “Pura simulación de que van a remediar la contaminación”.
Francisca coincidió en que, aunque han visto más atención y apertura de las autoridades ambientales que en el sexenio pasado, no han visto algo más concreto en la remediación del daño. “Estamos pidiendo que ya todo se haga tomando en cuenta nuestra opinión y que la participación sea efectiva, que no sólo estemos como monito de maniquí”, comentó.
Fuente / sinembargo